Jubilados, Sala Cuarta y el derecho al trabajo

Esta semana se produjo una sentencia interesante de la Sala IV. La misma declara con lugar un recurso interpuesto por una ciudadana que perdió su pensión cuando decidió trabajar nuevamente, dado que la misma no le resultaba suficiente. La Sala Constitucional deroga dos artículos de la ley general de pensiones, que impedía que los jubilados trabajaran en el sector público, que cotizaran para otro régimen de pensiones e incluso que, satisfechos los requisitos correspondientes, pudieran disfrutar de una segunda pensión.

La Sala IV hace referencia, en el por tanto, al derecho a una vida digna y su relación, supongo yo, con el derecho al trabajo. Bien hecho por la Sala, que abre las puertas al trabajo a aquellos jubilados que desean seguir aportando su experiencia y esfuerzo, en un país donde la cultura del trabajo, la dedicación y el esfuerzo no está de moda.

En el caso de los jubilados en el régimen del magisterio, que laboralmente estuvimos vinculados a alguna de las universidades estatales, ese derecho existía, aunque con ciertas limitaciones, principalmente relacionadas con la jornada laboral, que no puede superar el medio tiempo, y con el tipo de actividades, está circunscrita a actividades de posgrado e investigación. En otros regímenes, hasta donde yo sé, no se podía trabajar, excepto por servicios profesionales. El pronunciamiento de la Sala, como yo lo entiendo, elimina restricciones y abre la posibilidad de trabajo a los jubilados en el sector público, en vez de considerarlos, como hasta ahora, inútiles, laboralmente hablando.

A partir de ahora, la implementación de la sentencia traerá, seguramente importantes modificaciones en las relaciones laborales de los jubilados que quieran trabajar nuevamente en el sector público, sin temor a perder su pensión, beneficiando a numerosos jubilados, que como el que esto escribe, se sienten en condiciones físicas y mentales para seguir participando en el mundo laboral. El país también se verá beneficiado con la experiencia laboral, profesional e intelectual acumulada que ostentan los jubilados y de su formación, en la que en muchos casos el país realizó una importante inversión.

Los menos serán los casos en los que el beneficio social será cuestionado, aunque seguramente serán los que reciban mayor publicidad, me refiero a los políticos que ocupan cargos públicos siendo jubilados y que al amparo de la sentencia, podrán reclamar su pensión y el salario correspondiente a los cargos que ocupan.

Bueno, veremos qué pasa en los próximos días con este asunto, pero en principio, permitir que trabajen quienes quieren trabajar, es un paso positivo.