Las palabras, como muchas otras cosas en esta sociedad de consumo, se ponen de moda y pasan de moda, terminan convirtiéndose en palabras gastadas, como las denominaba ese ilustre costarricense llamado Don Pepe. Palabras que suenan bonito mientras están de moda, que llenan el discurso de políticos, “expertos”, “consultores”, “asesores”, “facilitadores”, “coaches” y otros miembros de esa fauna, pero que están vacías de contenido.
Hay infinidad de ellas y cada día surgen algunas y desaparecen otras. Algunas que recuerdo son, por ejemplo, la multidisciplinariedad y la transdisciplinariedad. No había proyecto con posibilidades de éxito en la aprobación o la consecución de fondos si no era multi y transdisciplinario. Otro caso fue, o es, el de la palabra “sostenibilidad”. Esa bendita palabreja se asociaba a todo o a casi todo, a la economía, a la producción, a la explotación de recursos, entre otros.
Una palabra gastada que también se usó, y aún se usa, es “estratégica”. Teníamos alianzas estratégicas, organización estratégica, reflexiones estratégicas, objetivos estratégicos y planificación estratégica. Hace casi 20 años, cuando ocupé un cargo de dirección universitaria, participé en algunos talleres de “planificación estratégica”, por supuesto dirigidos por “facilitadores” de prestigiosas universidades, que en su condición de “expertos consultores” cobraban jugosos honorarios. La idea era desarrollar la universidad del siglo 21, aunque después, una vez concluido el taller y con el “facilitador” retornado a su país o a su organización, no quedaba más remedio que volver a la cruda realidad de falta de presupuesto, inflexibilidad en la gestión de recursos humanos y materiales, democratismo barato que impedía la oportuna toma de decisiones y un largo etcétera.
En aquella época solía referirme a esos procesos de “planificación estratégica”, con el tono irónico y socarrón que adquirí después de muchos años de vivir en Alajuela, como “ocurrencias estratégicas”. Así que menuda sorpresa me llevé hoy cuando leí que nada menos que la propia Contraloría General de la República le daba carácter oficial al concepto, en referencia a los procesos de gestión de los proyectos públicos (http://www.elfinancierocr.com/ef_archivo/2010/octubre/03/economia2536145.html). El asunto, según la nota periodística, alcanza a muchas entidades, que han sido incapaces de alinearse con sus “objetivos estratégicos".
Vaya, vaya, parece que algunos tuvimos la suerte de adelantarnos casi 20 años en la utilización de la metodología de la ocurrencia estratégica.
Monday, September 27, 2010
Tuesday, September 21, 2010
Liberté, égalité, fraternité, ( … y Marron glacé)
En la vieja Europa, otrora ejemplo de tolerancia, libertades y derechos humanos, algunas cosas parecen ir para atrás. Un ejemplo es Suiza, famosa por su neutralidad, sus chocolates, sus relojes y sus bancos, aunque éstos protejan las riquezas de dictadores y narcotraficantes. Allí se decidió, por referéndum, que las mezquitas de los residentes musulmanes no pueden tener minaretes, con el propósito de "mantener la paz entre los miembros de las diversas comunidades religiosas". En esa lógica, también deberían prohibir las cruces cristinas en las iglesias y símbolos religiosos de otras confesiones.
Por su parte, Francia, la cuna de “Liberté, égalité, fraternité”, prohibió en 2004, mediante una ley, el uso de símbolos religiosos en colegios públicos, como la “kipa” judía, el velo musulmán o el crucifijo cristiano. Ahora quiere ir más allá, prohibiendo el uso del velo islámico integral en servicios públicos (http://www.nacion.com/2010-03-30/Mundo/UltimaHora/Mundo2320216.aspx). Pero el asunto no acaba ahí, están desalojando a los gitanos, sobre todo búlgaros y rumanos, de sus campamentos y expulsándolos a sus países de origen, no importa que lleven años en Francia.
El mismo camino parece seguir Bélgica, sede de las principales instituciones comunitarias (http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Belgica/da/primer/paso/prohibicion/burka/elpepusoc/20100331elpepusoc_2/Tes). Otros ejemplos, Polonia, en donde están prohibidos los símbolos comunistas; España, adonde los prohibidos son los símbolos del franquismo y Alemania, en donde pasa lo mismo con los símbolos nazis, como la “svástica”, usada por los nazis, pero con un origen mucho más antiguo.
El asunto se repite en los Estados Unidos de América, adonde los republicanos del ala más conservadora están ganando posiciones y obstaculizando las tímidas medidas sociales y progresistas impulsadas por Obama. Para esos sectores, tener un afroamericano en la Casa Blanca, debe ser toda una tragedia.
Parece que con el ascenso de la derecha, hay un descenso en las libertades y la tolerancia, pero tampoco la izquierda muestra buenos síntomas, al menos la ortodoxa, allá adonde gobierna. Basta con ver las restricciones a las libertades individuales en países como Cuba, China o Corea del Norte.
El retroceso de las libertades individuales, so pretexto del patriotismo, la seguridad o el combate contra la delincuencia, es un tema que debería preocuparnos a todos, como lo advertía Martin Niemöller, en su poema, que transcribo a continuación:
“Cuando los nazis vinieron por los comunistas”
Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas,
guardé silencio,
porque yo no era comunista,
Cuando encarcelaron a los socialdemócratas,
guardé silencio,
porque yo no era socialdemócrata,
Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas,
no protesté,
porque yo no era sindicalista,
Cuando vinieron a llevarse a los judíos,
no protesté,
porque yo no era judío,
Cuando vinieron a buscarme,
no había nadie más que pudiera protestar.
Por su parte, Francia, la cuna de “Liberté, égalité, fraternité”, prohibió en 2004, mediante una ley, el uso de símbolos religiosos en colegios públicos, como la “kipa” judía, el velo musulmán o el crucifijo cristiano. Ahora quiere ir más allá, prohibiendo el uso del velo islámico integral en servicios públicos (http://www.nacion.com/2010-03-30/Mundo/UltimaHora/Mundo2320216.aspx). Pero el asunto no acaba ahí, están desalojando a los gitanos, sobre todo búlgaros y rumanos, de sus campamentos y expulsándolos a sus países de origen, no importa que lleven años en Francia.
El mismo camino parece seguir Bélgica, sede de las principales instituciones comunitarias (http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Belgica/da/primer/paso/prohibicion/burka/elpepusoc/20100331elpepusoc_2/Tes). Otros ejemplos, Polonia, en donde están prohibidos los símbolos comunistas; España, adonde los prohibidos son los símbolos del franquismo y Alemania, en donde pasa lo mismo con los símbolos nazis, como la “svástica”, usada por los nazis, pero con un origen mucho más antiguo.
El asunto se repite en los Estados Unidos de América, adonde los republicanos del ala más conservadora están ganando posiciones y obstaculizando las tímidas medidas sociales y progresistas impulsadas por Obama. Para esos sectores, tener un afroamericano en la Casa Blanca, debe ser toda una tragedia.
Parece que con el ascenso de la derecha, hay un descenso en las libertades y la tolerancia, pero tampoco la izquierda muestra buenos síntomas, al menos la ortodoxa, allá adonde gobierna. Basta con ver las restricciones a las libertades individuales en países como Cuba, China o Corea del Norte.
El retroceso de las libertades individuales, so pretexto del patriotismo, la seguridad o el combate contra la delincuencia, es un tema que debería preocuparnos a todos, como lo advertía Martin Niemöller, en su poema, que transcribo a continuación:
“Cuando los nazis vinieron por los comunistas”
Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas,
guardé silencio,
porque yo no era comunista,
Cuando encarcelaron a los socialdemócratas,
guardé silencio,
porque yo no era socialdemócrata,
Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas,
no protesté,
porque yo no era sindicalista,
Cuando vinieron a llevarse a los judíos,
no protesté,
porque yo no era judío,
Cuando vinieron a buscarme,
no había nadie más que pudiera protestar.
Saturday, September 18, 2010
Jubilados, Sala Cuarta y el derecho al trabajo
Esta semana se produjo una sentencia interesante de la Sala IV. La misma declara con lugar un recurso interpuesto por una ciudadana que perdió su pensión cuando decidió trabajar nuevamente, dado que la misma no le resultaba suficiente. La Sala Constitucional deroga dos artículos de la ley general de pensiones, que impedía que los jubilados trabajaran en el sector público, que cotizaran para otro régimen de pensiones e incluso que, satisfechos los requisitos correspondientes, pudieran disfrutar de una segunda pensión.
La Sala IV hace referencia, en el por tanto, al derecho a una vida digna y su relación, supongo yo, con el derecho al trabajo. Bien hecho por la Sala, que abre las puertas al trabajo a aquellos jubilados que desean seguir aportando su experiencia y esfuerzo, en un país donde la cultura del trabajo, la dedicación y el esfuerzo no está de moda.
En el caso de los jubilados en el régimen del magisterio, que laboralmente estuvimos vinculados a alguna de las universidades estatales, ese derecho existía, aunque con ciertas limitaciones, principalmente relacionadas con la jornada laboral, que no puede superar el medio tiempo, y con el tipo de actividades, está circunscrita a actividades de posgrado e investigación. En otros regímenes, hasta donde yo sé, no se podía trabajar, excepto por servicios profesionales. El pronunciamiento de la Sala, como yo lo entiendo, elimina restricciones y abre la posibilidad de trabajo a los jubilados en el sector público, en vez de considerarlos, como hasta ahora, inútiles, laboralmente hablando.
A partir de ahora, la implementación de la sentencia traerá, seguramente importantes modificaciones en las relaciones laborales de los jubilados que quieran trabajar nuevamente en el sector público, sin temor a perder su pensión, beneficiando a numerosos jubilados, que como el que esto escribe, se sienten en condiciones físicas y mentales para seguir participando en el mundo laboral. El país también se verá beneficiado con la experiencia laboral, profesional e intelectual acumulada que ostentan los jubilados y de su formación, en la que en muchos casos el país realizó una importante inversión.
Los menos serán los casos en los que el beneficio social será cuestionado, aunque seguramente serán los que reciban mayor publicidad, me refiero a los políticos que ocupan cargos públicos siendo jubilados y que al amparo de la sentencia, podrán reclamar su pensión y el salario correspondiente a los cargos que ocupan.
Bueno, veremos qué pasa en los próximos días con este asunto, pero en principio, permitir que trabajen quienes quieren trabajar, es un paso positivo.
La Sala IV hace referencia, en el por tanto, al derecho a una vida digna y su relación, supongo yo, con el derecho al trabajo. Bien hecho por la Sala, que abre las puertas al trabajo a aquellos jubilados que desean seguir aportando su experiencia y esfuerzo, en un país donde la cultura del trabajo, la dedicación y el esfuerzo no está de moda.
En el caso de los jubilados en el régimen del magisterio, que laboralmente estuvimos vinculados a alguna de las universidades estatales, ese derecho existía, aunque con ciertas limitaciones, principalmente relacionadas con la jornada laboral, que no puede superar el medio tiempo, y con el tipo de actividades, está circunscrita a actividades de posgrado e investigación. En otros regímenes, hasta donde yo sé, no se podía trabajar, excepto por servicios profesionales. El pronunciamiento de la Sala, como yo lo entiendo, elimina restricciones y abre la posibilidad de trabajo a los jubilados en el sector público, en vez de considerarlos, como hasta ahora, inútiles, laboralmente hablando.
A partir de ahora, la implementación de la sentencia traerá, seguramente importantes modificaciones en las relaciones laborales de los jubilados que quieran trabajar nuevamente en el sector público, sin temor a perder su pensión, beneficiando a numerosos jubilados, que como el que esto escribe, se sienten en condiciones físicas y mentales para seguir participando en el mundo laboral. El país también se verá beneficiado con la experiencia laboral, profesional e intelectual acumulada que ostentan los jubilados y de su formación, en la que en muchos casos el país realizó una importante inversión.
Los menos serán los casos en los que el beneficio social será cuestionado, aunque seguramente serán los que reciban mayor publicidad, me refiero a los políticos que ocupan cargos públicos siendo jubilados y que al amparo de la sentencia, podrán reclamar su pensión y el salario correspondiente a los cargos que ocupan.
Bueno, veremos qué pasa en los próximos días con este asunto, pero en principio, permitir que trabajen quienes quieren trabajar, es un paso positivo.
Wednesday, September 15, 2010
Usura, pederastia e impunidad eclesiástica
Sin duda la iglesia católica está pasando por una prolongada crisis, causada por el comportamiento de algunos, no pocos, de sus pastores y líderes, tanto a nivel local como en términos globales.
En Europa no cesan de aparecer noticias, un día sí y el otro también, sobre abusos sexuales a menores de edad por parte de curas y obispos. En los últimos meses se han destapado escándalos en Irlanda y Bélgica, en donde hasta el obispo de la diócesis de Brujas reconoció haber abusado de un menor por años, su propio sobrino. Eso le costó, solamente, el cese de sus funciones, impuesto por Ratzinger y actualmente se encuentra en una abadía, disfrutando de una pensión de 2800 euros, suficiente para satisfacer algunas de sus humanas debilidades y caprichos, a la espera de que el obispo de Roma decida su futuro (http://www.elmundo.es/elmundo/2010/09/10/internacional/1284108807.html).
Pero eso es solo la punta del iceberg, una comisión eclesiástica que investiga alrededor de 500 denuncias, preparó un informe (http://www.commissionabus.be/microsite/commissionabus/) que indica que “que los abusos sexuales habían sido generalizados en las instituciones católicas en las décadas de 1960 y 1970, y llevó a 13 de las víctimas a suicidarse”. Eso es solo una muestra de lo que ha sucedido en otras partes del mundo, que en muchos casos ha sido encubierto por las autoridades eclesiásticas, que destinan a los pederastas a otras diócesis o intentan cubrir el asunto con miles de dólares, como ha ocurrido en varias diócesis norteamericanas.
A diferencia de los curas gringos, que han pagado indemnizaciones, la iglesia belga no solo cuida de sus colegas pederastas, sino que también cuida los denarios. El portavoz de los obispos ha dicho que si la iglesia pide disculpas por las ofensas, aceptando la responsabilidad moral, provocará que los ofendidos, los tribunales o terceros, pidan compensaciones económicas, razón por la que se resiste a hacer un “mea culpa” (http://www.elmundo.es/elmundo/2010/09/14/internacional/1284483763.html).
Por estas tierras, aunque hay al menos un cura condenado por abusos sexuales, los escándalos más recientes están relacionados con los trapicheos financieros de la Conferencia Episcopal, que según las denuncias de algunos de sus feligreses, intenta hacerse los gatos bravos con montos millonarios de dinero. Los trapicheos, según la prensa, incluyen captación de fondos y operaciones crediticias al margen de la ley y por supuesto, muy alejadas de las enseñanzas del Crucificado, cuya imagen, en 18 kilates, llevan sobre el pecho, por encima de sus bien cuidadas barrigas.
Menudo ejemplo.
En Europa no cesan de aparecer noticias, un día sí y el otro también, sobre abusos sexuales a menores de edad por parte de curas y obispos. En los últimos meses se han destapado escándalos en Irlanda y Bélgica, en donde hasta el obispo de la diócesis de Brujas reconoció haber abusado de un menor por años, su propio sobrino. Eso le costó, solamente, el cese de sus funciones, impuesto por Ratzinger y actualmente se encuentra en una abadía, disfrutando de una pensión de 2800 euros, suficiente para satisfacer algunas de sus humanas debilidades y caprichos, a la espera de que el obispo de Roma decida su futuro (http://www.elmundo.es/elmundo/2010/09/10/internacional/1284108807.html).
Pero eso es solo la punta del iceberg, una comisión eclesiástica que investiga alrededor de 500 denuncias, preparó un informe (http://www.commissionabus.be/microsite/commissionabus/) que indica que “que los abusos sexuales habían sido generalizados en las instituciones católicas en las décadas de 1960 y 1970, y llevó a 13 de las víctimas a suicidarse”. Eso es solo una muestra de lo que ha sucedido en otras partes del mundo, que en muchos casos ha sido encubierto por las autoridades eclesiásticas, que destinan a los pederastas a otras diócesis o intentan cubrir el asunto con miles de dólares, como ha ocurrido en varias diócesis norteamericanas.
A diferencia de los curas gringos, que han pagado indemnizaciones, la iglesia belga no solo cuida de sus colegas pederastas, sino que también cuida los denarios. El portavoz de los obispos ha dicho que si la iglesia pide disculpas por las ofensas, aceptando la responsabilidad moral, provocará que los ofendidos, los tribunales o terceros, pidan compensaciones económicas, razón por la que se resiste a hacer un “mea culpa” (http://www.elmundo.es/elmundo/2010/09/14/internacional/1284483763.html).
Por estas tierras, aunque hay al menos un cura condenado por abusos sexuales, los escándalos más recientes están relacionados con los trapicheos financieros de la Conferencia Episcopal, que según las denuncias de algunos de sus feligreses, intenta hacerse los gatos bravos con montos millonarios de dinero. Los trapicheos, según la prensa, incluyen captación de fondos y operaciones crediticias al margen de la ley y por supuesto, muy alejadas de las enseñanzas del Crucificado, cuya imagen, en 18 kilates, llevan sobre el pecho, por encima de sus bien cuidadas barrigas.
Menudo ejemplo.
Saturday, September 04, 2010
La otra cara del FEES
Bueno, después de la tormenta viene la calma. Después de un largo y difícil proceso, de cruce de acusaciones y de guerra de campos pagados, los rectores de las universidades públicas miembros de CONARE y los ministros de gobierno, llegaron a un acuerdo sobre el FEES.
Todos los recursos que un país pueda invertir en educación, son, a la larga, una buena inversión. Desde ese punto de vista, el FEES debe ser tan grande como se pueda y hacen bien los rectores en aspirar a máximos. Por otra parte, las necesidades sociales sobrepasan los recursos de inversión disponibles, por lo que los ministros de la Comisión de Enlace, todos ellos académicos connotados, deben procurar una asignación de recursos de acuerdo a las necesidades globales de la sociedad, con las restricciones que impone la disponibilidad de aquellos. Desde esas dos perspectivas, parece que se impuso el sentido común, lo que se refleja en la firma del acuerdo logrado. Las acciones de grupúsculos de funcionarios universitarios (no me atrevo a llamarlos trabajadores) y de algunos estudiantes, que se oponen al acuerdo e intentan implementar iniciativas de oposición, no pasan de ser anecdóticos.
Pero el FEES tiene otra cara, relacionada con la forma en que las Universidades hacen uso de los multimillonarios recursos que la sociedad les otorga. Es obligación de los universitarios hacer un uso óptimo de esos recursos y de las autoridades universitarias garantizar que así sea. He estado vinculado a la Universidad Pública casi toda mi vida y desde hace más de 30 años he sido académico. En ese periodo, además de la docencia y la investigación, ejercí cargos de dirección académica, por lo que puedo decir que tengo un conocimiento suficiente de la institución universitaria, suficiente como para opinar con conocimiento de causa.
Reconozco el esfuerzo de las autoridades universitarias para mejorar el uso de los recursos que la sociedad les concede, pero queda mucho por hacer. En nuestras Universidades Públicas, por ejemplo, se encuentran profesores que no se mueven en el régimen académico, que se mantienen en los escalafones bajos y son incapaces de reunir los méritos suficientes para ascender. Lo único que acumulan son años de “emplanillamiento”. En no pocos casos, esos profesores reciben malas evaluaciones de sus estudiantes y asignarles carga académica se constituye en un suplicio para los directores de sus unidades académicas. Con esos profesores no pasa nada, el sistema es incapaz, en la mayor parte de los casos, de sacarlos del sistema.
Otro ejemplo del uso inadecuado de los recursos públicos se da en algunos proyectos de investigación, que se mantienen con vida por largos periodos, sin que se vean productos tangibles de los mismos. Viví la experiencia de conocer un instituto de investigación en donde algunos de los académicos se negaban a asumir tareas docentes, aún por en jornadas pequeñas, arguyendo su pertenencia al instituto de investigación, pero por otra parte, tampoco mostraban resultados de investigación de calidad aceptable. De nuevo, el sistema los mantiene por años. Con esos antecedentes, es fácil entender la poca o nula credibilidad que tienen los procesos de evaluación de las actividades académicas, que aunque detecten los problemas, no aseguran su solución.
En fin, la bola ahora está en el tejado de las universidades. Estas deben seguir en el camino de optimizar la utilización de los miles de millones de colones que la sociedad les otorga, no hacerlo sería un crimen ya que esos recursos podrían resolver problemas de necesidades básicas de sectores importantes de la población, aún más básicas que la educación.
Todos los recursos que un país pueda invertir en educación, son, a la larga, una buena inversión. Desde ese punto de vista, el FEES debe ser tan grande como se pueda y hacen bien los rectores en aspirar a máximos. Por otra parte, las necesidades sociales sobrepasan los recursos de inversión disponibles, por lo que los ministros de la Comisión de Enlace, todos ellos académicos connotados, deben procurar una asignación de recursos de acuerdo a las necesidades globales de la sociedad, con las restricciones que impone la disponibilidad de aquellos. Desde esas dos perspectivas, parece que se impuso el sentido común, lo que se refleja en la firma del acuerdo logrado. Las acciones de grupúsculos de funcionarios universitarios (no me atrevo a llamarlos trabajadores) y de algunos estudiantes, que se oponen al acuerdo e intentan implementar iniciativas de oposición, no pasan de ser anecdóticos.
Pero el FEES tiene otra cara, relacionada con la forma en que las Universidades hacen uso de los multimillonarios recursos que la sociedad les otorga. Es obligación de los universitarios hacer un uso óptimo de esos recursos y de las autoridades universitarias garantizar que así sea. He estado vinculado a la Universidad Pública casi toda mi vida y desde hace más de 30 años he sido académico. En ese periodo, además de la docencia y la investigación, ejercí cargos de dirección académica, por lo que puedo decir que tengo un conocimiento suficiente de la institución universitaria, suficiente como para opinar con conocimiento de causa.
Reconozco el esfuerzo de las autoridades universitarias para mejorar el uso de los recursos que la sociedad les concede, pero queda mucho por hacer. En nuestras Universidades Públicas, por ejemplo, se encuentran profesores que no se mueven en el régimen académico, que se mantienen en los escalafones bajos y son incapaces de reunir los méritos suficientes para ascender. Lo único que acumulan son años de “emplanillamiento”. En no pocos casos, esos profesores reciben malas evaluaciones de sus estudiantes y asignarles carga académica se constituye en un suplicio para los directores de sus unidades académicas. Con esos profesores no pasa nada, el sistema es incapaz, en la mayor parte de los casos, de sacarlos del sistema.
Otro ejemplo del uso inadecuado de los recursos públicos se da en algunos proyectos de investigación, que se mantienen con vida por largos periodos, sin que se vean productos tangibles de los mismos. Viví la experiencia de conocer un instituto de investigación en donde algunos de los académicos se negaban a asumir tareas docentes, aún por en jornadas pequeñas, arguyendo su pertenencia al instituto de investigación, pero por otra parte, tampoco mostraban resultados de investigación de calidad aceptable. De nuevo, el sistema los mantiene por años. Con esos antecedentes, es fácil entender la poca o nula credibilidad que tienen los procesos de evaluación de las actividades académicas, que aunque detecten los problemas, no aseguran su solución.
En fin, la bola ahora está en el tejado de las universidades. Estas deben seguir en el camino de optimizar la utilización de los miles de millones de colones que la sociedad les otorga, no hacerlo sería un crimen ya que esos recursos podrían resolver problemas de necesidades básicas de sectores importantes de la población, aún más básicas que la educación.
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