Ante la amenaza de la posible instalación de un casino en San José, perteneciente a una cadena de casinos propiedad de ciudadanos rusos, aparentemente de dudosa reputación, el gobierno se apresuró a emitir cuatro decretos y una directriz, regulando, entre otras cosas, la ubicación, el acceso público y los horarios de operación de todos los casinos, restringiendo su operación a 8 horas diarias. Además, le impide a los casinos ofrecer a sus clientes atenciones, como bebidas alcohólicas gratis.
No soy aficionado a los juegos de azar, las probabilidades de ganar siempre están en contra del jugador, así que nunca he arriesgado mis reales en un casino. Lo que no me gusta es que el gobierno meta sus narices en las actividades privadas de los ciudadanos, restringiendo así sus libertades, con el pretexto de proteger a esos ciudadanos de sus debilidades humanas.
Además, me parece hipócrita que un gobierno que no solo promueve o permite los juegos de azar, sino que descarga parte de su responsabilidad social en la institución encargada de las loterías nacionales, imponga restricciones a quienes quieran participar en los juegos de azar que ofrecen los casinos. Más hipócrita aún, es prohibirle a los casinos regalar bebidas alcohólicas, teniendo el gobierno su propia fábrica de licores, actividad que fue monopolio oficial por muchos años.
Según la Constitución, a partir de los 18 años somos ciudadanos de pleno derecho, por lo que me parece que no necesitamos un papá estado que nos diga que hacer y que no, mucho menos en temas de índole tan privada como si participamos en juegos de azar, aparte de las loterías públicas, o si consumimos las bebidas alcohólicas que nos ofrecen los casinos, con el fin de inducirnos a jugar nuestro dinero con las probabilidades en contra, aunque éstas sean mucho mayores que las que tenemos cuando jugamos la lotería pública y legal.
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