La “crucita” de Arias, la embarcada y el abrazo

Sin lugar a dudas a todos nos sorprendió el bosque arrasado por la compañía minera de Las Crucitas, amparados en un decreto ejecutivo promovido por el Ministro Dobles y firmado por el Presidente Arias.

La empresa, en la persecución de su único objetivo, el máximo lucro para sus accionistas, puede hacer todo lo que la ley le permita o, mejor dicho, según reza el derecho privado, todo, excepto lo que la ley no le prohíba de forma explícita. Esas son las reglas del juego de nuestro “estado de derecho”, de ahí que el único criterio que se puede aplicar en el análisis de las acciones de la empresa es la legalidad de las mismas; consideraciones éticas, ecológicas o de otro tipo, no son de acatamiento para la misma.

En el caso de los funcionarios públicos, desde nuestro autoritario Presidente para abajo, solo pueden hacer lo que la ley les permite explícitamente, nada más. Aquí empiezan las dudas, dado que en setiembre, la Sala Constitucional, emitió un fallo que, según los medios de comunicación, prohibía la tala de árboles de almendro amarillo en todo el territorio nacional. Surge entonces la duda sobre si el decreto de conveniencia pública para arrasar la cobertura vegetal en casi 200 hectáreas tiene sustento legal, dada la presencia de árboles de la especie mencionada en el sitio.

Con relación a los funcionarios públicos, los ciudadanos si tenemos el derecho de exigirles explicaciones más allá del aspecto legal, podemos exigirles explicaciones desde la ética, la política y la congruencia entre el discurso y los actos. Si cabe, aún nos sentimos con más derecho, quienes contribuimos con nuestros votos a la elección de algunos de esos funcionarios públicos, como es el caso de quién esto escribe.

Como ciudadano, no me convencen los argumentos del gobierno para emitir un decreto de conveniencia nacional. ¿A quién le conviene este negocio? Según los medios de comunicación, la empresa invertirá 65 millones de dólares para extraer oro por un valor de 800 millones de billetes verdes, de los cuales solo un 10%, 80 millones, quedarán en el país en concepto de impuestos. A eso habría que agregarle el valor de los empleos generados, la mayoría de segundo o tercer nivel, y uno que otro de nivel profesional o superior, como el periodista encargado de justificar lo injustificable. Por otra parte, habría que restar el costo ambiental, no solo en términos de la cobertura vegetal devastada, sino por el efecto en la fauna y la biodiversidad, los cambios en el paisaje y la afectación de aguas subterráneas cuando se abran los inmensos agujeros que implica una mina a cielo abierto.

Entonces, ¿Por qué el Ministro Dobles promovió el decreto? ¡Vete tú a saber! Como suelo ser un poco mal pensado, prefiero no imaginármelo. Lo mejor que se me ocurre es recurrir a la frase de Parmenio en La Patada, ¡Pregúntale a la abuela de Manuel!

En cuanto a la firma del Presidente Arias, creo que esta vez le pasó lo que con frecuencia le ocurría al Ex Presidente Abel Pacheco, lo embarcaron. Como lo reconoció el mismo Presidente, el firmó el decreto convencido por los argumentos del Ministro Dobles. Si no se puede confiar en un ministro que uno mismo designó, entonces ¿En quién se puede confiar? En mi opinión, lo que debe hacer el Presidente Arias es seguir el ejemplo de su antecesor, es decir, darle el abrazo al Ministro Dobles, y renunciarlo ipso facto.

No le auguro larga vida ministerial al Ministro Dobles, pero la política, ya se sabe, es impredecible.